Santo Domingo, R.D. En una acción de profundo respeto y compromiso patriótico, el presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, dirigió una carta al Santo Padre León XIV, en respuesta al artículo publicado por Vatican News titulado “Haití y República Dominicana, dos infiernos para un mismo pueblo”, a fin de ofrecer una visión realista, equilibrada y nacionalista de la grave crisis migratoria que enfrenta la República Dominicana.
En la misiva, Domínguez Trujillo deja claramente establecido que sus palabras no emanan de ningún sentimiento xenofóbico, racista ni anti haitiano, afirmando que su profunda fe católica y su convicción de que todos somos iguales ante los ojos de Dios le impiden alentar tales posturas. Señala que sus expresiones nacen exclusivamente del deber patriótico de velar por los intereses del pueblo dominicano, hoy sumido en una profunda pobreza, precariedad y abandono institucional.
Uno de los aspectos destacados de la carta es la denuncia del enorme peso económico que representa la inmigración ilegal haitiana sobre el Estado dominicano. Domínguez Trujillo afirmó que más del 10% del presupuesto nacional —equivalente a unos 2,000 millones de dólares anuales— se destina a atender a inmigrantes haitianos ilegales y naturalizados, una carga insostenible para un país en desarrollo como el nuestro.
Asimismo, condenó el colapso progresivo del sistema de salud dominicano, especialmente en las maternidades públicas, donde hasta el 62% de los partos registrados en algunos hospitales corresponden a mujeres haitianas ilegales. Esta situación —señaló— ha desplazado a mujeres dominicanas y ha llegado al extremo de provocar la muerte de ciudadanos nacionales por falta de atención oportuna. Denunció además que muchas haitianas cruzan la frontera solo para dar a luz gratuitamente en el país, lo que ha generado una saturación crítica de los servicios de salud y ha provocado que muchos dominicanos queden fuera del sistema por falta de cupo o recursos.
Domínguez-Trujillo fue enfático en reafirmar el derecho inalienable de la República Dominicana de proteger sus fronteras y su integridad nacional. Sostuvo que toda nación tiene el deber de preservar su soberanía, su cultura y su orden interno. En respaldo espiritual a este principio, citó el pasaje bíblico de Romanos 13:1-7, que establece con claridad que las autoridades están llamadas por Dios a mantener la justicia, el orden y la paz, incluyendo la protección del territorio nacional. “No hacerlo —afirmó— sería traicionar los deberes que nos ha confiado el Señor.”
En cuanto a la seguridad fronteriza, el líder del PED advirtió que la falta de un muro físico y de un sistema de control fronterizo adecuado ha permitido no solo la entrada masiva de inmigrantes ilegales,
sino también el contrabando de mercancías, el tráfico de drogas, de armas y el aberrante tráfico de niños, todo lo cual amenaza directamente la estabilidad del país.
Sobre las medidas migratorias del gobierno actual, expresó que, si bien el plan de 15 puntos presentado por el presidente Abinader refleja una intención legítima, su aplicación resulta inviable dadas las limitaciones estructurales, logísticas y presupuestarias que enfrenta la República Dominicana. En particular, destacó que la meta de 40,000 deportaciones mensuales excede con creces la capacidad real de la Dirección General de Migración, que difícilmente puede ejecutar más de 15,000 repatriaciones en condiciones óptimas.
Del mismo modo, expresó su acuerdo con la preocupación manifestada en el artículo respecto a las condiciones de los centros de detención migratoria. Reconoció que se trata de espacios que deben ser profundamente mejorados en términos de dignidad humana, con procesos más ágiles y con apego estricto a los derechos fundamentales. En ese sentido, reiteró su propuesta de crear tribunales especializados en materia migratoria y una Fiscalía de Frontera, como parte de un sistema más justo, transparente y libre de corrupción, un mal que —dijo— afecta a diversas esferas del poder nacional.
Domínguez-Trujillo recordó además que fue él quien, en el año 2011, presentó por primera vez la propuesta de construir un muro fronterizo con Haití, no como un acto de rechazo, sino como una acción de responsabilidad soberana para proteger la integridad del territorio nacional. Comparó esta propuesta con el muro de Jericó, que en la historia bíblica protegió al pueblo elegido de sus enemigos, subrayando que la República Dominicana necesita con urgencia una barrera física y legal que le permita regular su frontera de forma efectiva.
Finalmente, hizo un firme llamado al Santo Padre y a la comunidad internacional para que promuevan una intervención urgente en Haití, con manos capaces y poder militar suficiente para restablecer el orden y reconstruir esa nación. Propuso incluso que toda ayuda humanitaria asignada a la República Dominicana en el marco de esta crisis sea canalizada directamente hacia Haití, siempre que ello implique liberar al país de la carga migratoria que hoy amenaza con colapsar su sistema de salud, educación, seguridad y economía.
“Es mi responsabilidad como católico y como líder político, luchar siempre por el bienestar de los dominicanos, hasta que cada uno de ellos tenga garantizado su derecho a una vida digna,” escribió Domínguez-Trujillo
