SANTO DOMINGO.-La Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH-RD, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, solicitaron al Canciller de la República, Roberto Álvarez, que intervenga para que Punta Catalina cumpla con las normativas internacionales que regulan la contaminación de las plantas de carbón, a fin de que el país garantice el derecho a un medio ambiente limpio y sano.
La solicitud se cursó al Canciller en ocasión de la visita efectuada en la mañana de hoy por una amplia representación de las comunidades más directamente afectadas por la contaminación de Punta Catalina, y por las organizaciones.
En el encuentro se hizo entrega formal a la Cancillería del informe sobre las violaciones a los derechos de los niños y niñas de República Dominicana y del Caribe occidental que la delegación que recientemente viajó a Europa depositó ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su sesión 94 en la que evaluará al Estado dominicano sobre su progreso en el cumplimiento de la Convención sobre Derechos del Niño.
Las entidades destacaron que en el informe se demostró que la contaminación de Punta Catalina, especialmente la contaminación aérea transnacional a gran distancia, afecta el medio ambiente de República Dominicana, Haití, Cuba y Jamaica.
Señalaron que al ser Punta Catalina propiedad del Estado y siendo la mayor inversión pública realizada, la contaminación generada por esta Central es directamente responsabilidad del Estado dominicano.
Expusieron que esta situación, un Estado directamente contaminante, contradice los compromisos internacionales suscritos por el país para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Manifestaron que con la construcción de Punta Catalina el Estado dominicano participó directamente en la creación de condiciones que afectan los derechos de los niños y de las niñas a disfrutar de su salud, y gozar de condiciones sanas y apropiadas tanto para sobrevivir, y evitar una muerte prematura, como para crecer y desarrollarse de forma integral y óptima.
Dijeron que el Estado dominicano también falló en su deber de proteger a los niños y las niñas de daños ambientales previsibles, al autorizar la operación de Punta Catalina y al mantenerla en funcionamiento, pese a sus múltiples fallas técnicas estructurales.
Afirmaron que no es posible garantizar los derechos de la infancia sin antes asegurar un medio ambiente sano en el cual pueda desarrollarse plenamente.
Citaron el informe entregado a la ONU que dice que la contaminación atmosférica provocada por la CTPC es un entorno inseguro y adverso para que los niños y las niñas sobrevivan, crezcan de forma adecuada y se desarrollen al máximo de su potencial.
“La contaminación del aire es reconocida como un factor que reduce tanto la calidad como la expectativa de vida de los niños y las niñas. Según el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a un medio sano, esta clase de polución es causante de la muerte anual de alrededor de 600 mil menores de unos cinco años en el mundo, así como el incremento de enfermedades y discapacidades infantiles con efecto de largo plazo”, aseguraron.
Observaron que debido a la fisiología y particularidades de maduración, los niños y las niñas son especialmente vulnerables a la degradación atmosférica. Sus vías respiratorias son más estrechas y se bloquean con mayor facilidad cuando se presentan infecciones respiratorias.
“Igualmente, su exposición a concentraciones de sustancias tóxicas en el aire suele ser superior a la de las personas adultas, ya que respiran más de prisa e inhalan más aire por unidad de peso corporal. Finalmente el desarrollo incipiente de su sistema inmunológico, hace que los niños y las niñas tengan mayores riesgos de contraer infecciones respiratorias y cuenten con una menor capacidad para combatirlas”,
Demandaron que el Gobierno dominicano acuerde una estrategia de cierre de Punta Catalina a más tardar en el año 2028 y mientras tanto se adecúe el funcionamiento y las emisiones de esta termoeléctrica a los estándares internacionales, se remedien los daños que ha ocasionado y se indemnicen a las víctimas.
Reclaman que se establezca una unidad especializada en el Hospital de Nizao que atienda a los afectados por enfermedades asociadas con la quema masiva de carbón, especialmente a la población infantil.
Igualmente plantearon que se deben sacar de inmediato las montañas de cenizas tóxicas depositadas al aire libre en el batey San José, del distrito municipal de Catalina.
Instaron al Canciller Álvarez a que desempeñe su rol de velar por el cumplimiento de los acuerdos, convenciones y tratados internacionales que resguardan derechos suscritos por el país, especialmente de la infancia, y prevenir que por culpa de la contaminación de Punta Catalina el Estado dominicano sea demandado por naciones vecinas.
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