Oscar López Reyes
El futuro de la Nación dominicana estará en manos de cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional, que el Consejo Nacional de la Magistratura escogerá en los próximos días. Si este órgano no fisgonea el ojo con multifocalidad en el cuadrante y se equivoca, echaremos un mar de lágrimas como una Magdalena, aquella discípula de Jesús de Nazaret que, cuando en el ruido grande de la crucifixión de este mesías, lagrimeó desconsoladamente a sus pies, junto a la Virgen María.
Esta máxima jurisdicción de juzgamiento contencioso, instituida por la Constitución del 26 de enero de 2010, se ha colocado en la cúspide de la credibilidad y la aceptabilidad colectiva, por su incumbencia y extensa capacidad de trabajo, que derrama un balance de más de 6 mil sentencias por el valimiento de derechos, libertades, el patrimonio público, la soberanía y la nacionalidad dominicana.
La composición original del Pleno del Tribunal Constitucional se ha enflaquecido con la salida, primero, de su segmento mayoría: Wilson Gómez Ramírez, Jottin Cury David, Víctor Gómez Bergés, Leyda Margarita Piña Medrano, Katia Miguellina Jiménez Martínez, Idelfonso Reyes, Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla. Ahora se cavaría otro hueco con la retirada de Rafael Díaz Filpo, Lino Vásquez Samuel, Víctor Joaquín Castellanos, Justo Pedro Castellanos y Milton Ray Guevara, un presidente -este último- difícil de sustituir.
Las más trascendentales y emblemáticas sentencias del referido órgano supremo son la 168/13, que esclarece los criterios para obtener la nacionalidad y protegerla como derecho fundamental; la 256/14 que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no así la de su Corte, y la 0315/15, que rechazó el acuerdo con Estados Unidos sobre el estatus de su personal militar en suelo patrio, que vulneraría los principios de soberanía y de no intervención.
Está pendiente de sanción en el pleno del Tribunal Constitucional el propuesto acuerdo de pre-chequeo con Estados Unidos, que facilitaría que el personal de Aduanas y Protección de esta última nación revise a los pasajeros en el aeropuerto de Punta Cana, que el 3 de febrero de 2021 los exjueces de esa alta corte Piña, Cury, Gómez y Jiménez advirtieron que entraña una amenaza a la soberanía dominicana.
Los árbitros salientes, que aprobaron veredictos históricos, tenían supremacía en el pleno. Si el Consejo de la Magistratura seleccionara a otros de la misma catadura de una parte de los que se quedan -que son partidarios de la agenda norteamericana, despreciativos de los símbolos y los héroes nacionales, y son antifamilia y anticristiano en su adicción al movimiento LGBT y más o LGBTTTAIQK (lesbianas, gays, travestis, bisexuales, transexuales, transgéneros, intersexuales, osos, queers asexuales y paliamorosos), se les brinda en bandeja de plata que reviertan los fallos antes mencionados y que con tecnicismos subviertan la esencia de la Carta Sustantiva.
Por presión foránea, servirlismo o convicción extraviada, ¿aprobarían este acuerdo las nuevas “señorías”? y ¿pisotearían los anteriores dictámenes?; ¿retrocederíamos en la institucionalidad democrática? y ¿se desprestigiaría el Tribunal Constitucional?
En breve, el Consejo de la Magistratura se apresta a evaluar a 117 aspirantes a ser integrantes del juzgado público tope. Ya sabemos que por afectividad familiar, amiguismo sin miramientos y compañerismo partidario al rastro, han sido impuestos jurados del Poder Judicial, la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo (no nos llevemos de canto de sirena), sin las más mínimas condiciones ético-profesionales, experiencia ni madurez emocional, que han sido fiascos y una afrenta. Volatilizan como anticristianos, displicentes y apáticos, en la indignación más lastimera.
Más que dejarse impresionar y obnubilar con discursos grandilocuentes y curriculums rimbombantes, muchas veces alterados, para preservar la esencia del Colegiado Constitucional y salvaguardar el interés nacional, se impone escoger a ciudadanos con altos sentimientos patrióticos y comprobados aportes socio-comunitarios.
Los miembros de la junta/cónclave, encabezados por el presidente Luis Abinader, cargan sobre sus hombros con una responsabilidad suprema: extraer entre una maraña de proponentes -una parte que son lobos con piel de oveja- que garanticen la estricta aplicación del ordenamiento jurídico, los derechos fundamentales de los ciudadanos, el régimen de extranjería, la fatiga y el destronque del exceso del andamiaje político y estatal, y reclamar con más insistencia el respeto y cumplimiento de los fallos del órgano suprapoder.
Estamos en presencia de uno de los estadíos históricos más cruciales de la vida republicana. Si somos demasiados superficiales y complacientes, perderemos a la patria. Y si nos equivocamos, será acelerado el tránsito hacia el derrumbe indiscutible de la sociedad dominicana, que se ofrecería como una hipótesis para la elaboración de una teoría del cambio societario a la inversa, en función de la sociología del conflicto.
En ese venir, se encarama como pertinente ayudar al presidente Abinader y a los del Consejo jurisdiccional en el florilegio de nuevos jueces con capacidad de autodirección, que no desamparen a la patria, e impidan el entroncamiento de extradigidos en la sumisión regresiva foránea y la plutocracia, antiguamente llamada oligarquía (gobierno de unos pocos en provecho propio) por Aristóteles.
Más que la erudición jurídica de un sujeto y de este ser sometido a un cuestionario mediático, que es respondido previamente y tras prolongados ensayos acomodaticios, para la mejor elección de los competidores con los perfiles e improntas preferibles, resulta aconsejable el abordaje de una metodología investigativa y descriptiva, como una guía para establecer sus valores y conductas evidenciadas en sus trayectorias profesionales y socio-comunitarias. Sería algo similar como un hacking ético, aquel que detecta efectividades y vulnerabilidades ante embestidas cibernéticas.
Nos adelantamos a sugerir por lo menos cinco variables, susceptibles de ser enriquecidas, a las cuales se les asignen porcentajes de medición. Los indicadores han de ser compactados luego de un profundo escrutinio, que encierre todas las facetas del candidato, que abarque su comportamiento familiar y un análisis psicopatológico. Preferir a:
1.- Miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y jurisconsultos del ejercicio tribunalicio intachables, o sea, sin involucramientos en cruzadas ilícitas protagonizadas incluso públicamente, aunque no hayan sido condenados por ellos mismos y sus leyes manipulables.
2.- Juristas sin vinculación con entramados espurios, como el narcotráfico y el hampa, el sector empresarial maleado y grupos extraños e invisibles.
3.- Abogados y notarios con limpias y comprobadas trayectorias en la participación y desempeño en instituciones estatales y corporativas.
4.- Responsabilidad socio-comunitaria y patriótica, correlacionando su comportamiento público y privado.
5.- Liderazgo y reputación sustentables, incuestionables, estandarizados y alentadoras en el Estado y la academia, como la aplastante proporción de los primeros 13 jueces del Tribunal Constitucional de 2010. Basta citar a Milton Ray Guevara, Víctor Gómez Bergés y Wilson Gómez Ramírez, así como a José Alejandro Vargas, actual magistrado.
El buen juicio recomienda que, ante tantas liebres, ese escogimiento antológico no caiga exclusivamente en el presidente Abinader y el aludido consejo. Esta vez, oportuno es exhortar a grupos populares, Ong,s y otras organizaciones sociales a que echen por la borda la complicidad, dejando de avalar a sepulcros blanqueados.
La hora sobrecogedora obliga a que desnuden y objeten a falsos profetas y retrancas que se anidan y trafalgan en rayados repertorios supuestamente progresistas y en el movimiento social. Afinemos la búsqueda de la aguja en el pajal…!
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