Santo Domingo.– En momentos en que la República Dominicana debate la reforma del marco jurídico que regula la libertad de expresión y la responsabilidad por difamación, el experimentado productor de medios audiovisuales y presidente de la Fundación Todo es Posible, Ángel Puello, fijó su posición mediante el artículo de opinión titulado «La difamación también puede matar en vida», remitido a los principales medios de comunicación del país.
En su reflexión, Puello sostiene que toda democracia debe garantizar plenamente la libertad de expresión, pero también proteger el honor, la dignidad y la reputación de las personas frente a la difamación dolosa. El autor aborda el profundo impacto humano que puede provocar una campaña de descrédito, no solo sobre la víctima, sino también sobre sus hijos, padres, esposa y demás familiares, al tiempo que expone los argumentos de quienes consideran que las formas más graves de difamación deben conllevar consecuencias penales.
A continuación, el artículo íntegro enviado a los medios de comunicación nacionales.
La difamación también puede matar en vida
Por: Angel Puello
En un diálogo que sostuve con Ramfis Domínguez Trujillo, relacionado con las consecuencias familiares y profesionales que enfrentan las víctimas de la difamación, me identifiqué tanto con su testimonio y con su posición de que esta práctica debe tener consecuencias penales que, al escucharlo, vi tanta similitud con lo que pienso, que eso me llevó a redactar este artículo.
Hay muertes que no aparecen en los certificados de defunción. Son las muertes de la honra, de la paz, de la credibilidad y de la tranquilidad. Son personas que siguen respirando, pero que cada mañana deben enfrentar el peso de una mentira que miles o millones ya dieron por cierta. La difamación no rompe huesos, pero puede destruir familias completas.
Quien ha sido víctima de una campaña difamatoria sabe que el verdadero sufrimiento no termina cuando apaga el teléfono o la computadora. Apenas comienza. Detrás de esa víctima existe una madre que llora al ver el nombre de su hijo convertido en blanco de ataques despiadados; una esposa o un esposo que sufre el rechazo social; hijos que llegan al colegio para enfrentar burlas, señalamientos y acoso por acusaciones que jamás ocurrieron. También hay padres enfermos, hermanos, amigos y personas cercanas que cargan un dolor que nunca buscaron.
Por eso, la discusión que hoy vive la República Dominicana sobre la reforma del régimen legal de la libertad de expresión no puede reducirse a consignas ni a frases como «Ley Mordaza». El verdadero debate debe comenzar con una pregunta profundamente humana: ¿quién protege a las víctimas de la mentira deliberada?
La libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de cualquier democracia. Sin ella sería imposible denunciar la corrupción, cuestionar al poder o defender las libertades públicas. Pero ningún derecho fundamental ha sido concebido como un permiso para destruir deliberadamente la reputación de otra persona mediante hechos falsos.
La reputación también es un derecho humano. El honor también merece protección. La dignidad de una persona tiene un valor que ninguna cantidad de dinero puede reparar completamente.
Por esa razón, numerosos países mantienen sanciones contra la difamación, aunque con modelos distintos. Quienes defienden la existencia de consecuencias penales sostienen que existen conductas cuya gravedad trasciende un simple conflicto privado. Cuando una mentira es fabricada con intención de destruir, chantajear, extorsionar o arruinar la vida de alguien, el daño provocado puede ser tan profundo que una simple indemnización económica resulta insuficiente.
Una multa puede devolver dinero. No siempre devuelve el prestigio perdido. No elimina el sufrimiento de una madre. No borra el bullying sufrido por un hijo. No recupera un matrimonio afectado por una mentira viral. No devuelve un empleo perdido ni restaura la confianza de toda una comunidad.
En la República Dominicana se ha denunciado reiteradamente desde diversos sectores la existencia de personas que utilizan plataformas digitales para desarrollar esquemas de descrédito, presión y chantaje económico. Cuando la amenaza consiste en destruir públicamente la imagen de alguien para obtener dinero, contratos, favores o beneficios, la libertad de expresión deja de ser un derecho y se convierte, de comprobarse esos hechos, en un instrumento para delinquir.
Precisamente ahí radica uno de los principales argumentos de quienes defienden la existencia de consecuencias penales: la pena no busca castigar el periodismo responsable ni silenciar las críticas legítimas. Busca enviar un mensaje claro de que la mentira deliberada utilizada para causar un daño grave o para obtener beneficios ilícitos tiene una responsabilidad social que trasciende el ámbito civil.
El periodista serio, el comunicador responsable y el ciudadano que actúa de buena fe jamás deberían temer una legislación que sancione la difamación dolosa. Quien investiga, verifica, documenta y publica con responsabilidad ejerce una función indispensable para la democracia. Muy diferente es quien inventa hechos, manipula pruebas o difunde falsedades sabiendo que son falsas para destruir la vida de otra persona.
La verdadera democracia no solo protege el derecho a hablar. También protege el derecho de cada ciudadano a no ser condenado públicamente por una mentira. Libertad y responsabilidad no son conceptos opuestos; son dos principios que deben caminar juntos.
Defender consecuencias penales para las formas más graves de difamación dolosa no significa debilitar la libertad de expresión. Significa reconocer que el honor, la dignidad y la vida moral de una persona también merecen la protección del Estado. Porque hay heridas que no dejan sangre, pero dejan familias destruidas. Y una sociedad verdaderamente justa no puede permanecer indiferente cuando la mentira se convierte en un arma para matar en vida.
*El autor es productor de medios audiovisuales y presidente de la fundación Todo es Posible
