Santo Domingo.- La Superintendencia de Pensiones y la de Seguros implementan medidas para proteger a los afiliados del Sistema Dominicano de Pensiones, especialmente cuando solicitan su pensión por renta vitalicia, discapacidad y sobrevivencia. Esto se hará a través de compañías de seguros autorizadas y reguladas.
Josefa Castillo Rodríguez, superintendente de Seguros, y Francisco A. Torres, superintendente de Pensiones, firmaron un acuerdo interinstitucional comprometiéndose a coordinar acciones de regulación, supervisión y fiscalización de las compañías de seguros que ofrezcan estos productos, conforme a sus respectivas normativas.
Francisco A. Torres destacó la importancia del acuerdo y felicitó a la superintendente de Seguros y su equipo por su receptividad. Señaló que su objetivo es proteger a los afiliados al sistema de pensiones para evitar propuestas engañosas que puedan perjudicar sus intereses en el momento de la desacumulación.
Torres explicó que la Sipen tiene la función de fiscalizar a las compañías de seguros en lo relacionado con el seguro de Discapacidad y Sobrevivencia de los afiliados y la administración de las rentas vitalicias de los pensionados, con la colaboración de la Superintendencia de Seguros, según la Ley 87-01.
Ambas instituciones también se comprometen a perseguir violaciones a la ley e imponer sanciones correspondientes por incumplimientos u omisiones, muchas de las cuales están detalladas en el acuerdo. Esto incluye los montos de las AFP, los afiliados y los contratos de pólizas de seguros suscritos por los afiliados al sistema de Seguridad Social, en casos de pensiones y jubilaciones.
Josefa Castillo Rodríguez reconoció la iniciativa del superintendente de Pensiones, afirmando que llega en el momento adecuado como una oportunidad de mejora, en línea con las políticas públicas de transparencia. Destacó que las instituciones no pueden ignorar los puntos comunes y deben acercarse a aquellos que puedan estar distanciados, con el objetivo final de beneficiar a los afiliados al sistema de pensiones, mediante la Ley 87-01.
Para el seguimiento del acuerdo, se creó una comisión institucional bilateral para estudiar y presentar propuestas que conduzcan a la solución transitoria o definitiva del acuerdo.
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