Miami (2 de abril de 2024) – A 19 años de la desaparición del periodista mexicano Alfredo Jiménez Mota, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) renueva el reclamo ante la Justicia mexicana para que se siga investigando el caso, se identifique a los responsables y se los castigue con todo el peso de la ley.
En el marco de su campaña «Voces que reclaman justicia», la SIP recuerda en la fecha las circunstancias de su desaparición y destaca el valor de su valiente tarea.
Alfredo Jiménez Mota, cuyo paradero se desconoce desde el sábado 2 de abril de 2005, cuando tenía 25 años, dedicó su promisoria carrera a investigar temas vinculados con el crimen organizado y la seguridad pública para el diario El Imparcial, de la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora. Según una investigación de la SIP, encargada a la periodista María Idalia Gómez en 2009, las autoridades mexicanas reconocieron públicamente en su momento que la desaparición estuvo vinculada a sus reportajes sobre el narcotráfico a nivel estatal.
Tras la desaparición de Jiménez Mota y las amenazas recibidas por otros dos de sus colegas, El Imparcial decidió cesar las investigaciones de asuntos vinculados con el narcotráfico, al considerar que no existían las condiciones para garantizar la seguridad de sus reporteros.
En mayo de 2009 la SIP elevó la investigación periodística del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La desaparición de Jiménez Mota ilustró los peligros que enfrentan los periodistas en México, según la organización Robert F. Kennedy Human Rights, que desde 2018 participa junto a la SIP del desarrollo del caso ante el sistema interamericano de derechos humanos.
El 8 de diciembre de 2021, en un acto público y ante la presencia de su padre, José Alfredo Jiménez Hernández; su madre, Esperanza Mota, y su hermana, Leticia Jiménez Mota, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pidió disculpas porque el Estado «no pudo garantizar ni proteger la integridad» de Jiménez Mota. Encinas aseguró que refrendaba «el reconocimiento de responsabilidad por la violación a derechos humanos fundamentales a su seguridad, a su integridad, al ejercicio de su profesión». En esa misma fecha, se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa, por el cual el Estado se comprometió a implementar medidas de satisfacción, rehabilitación, no repetición e indemnización.
Si bien los familiares de Jiménez estimaron como positivo que el gobierno retomara la investigación por la desaparición de Alfredo, se mostraron escépticos de que se lograra un avance para conocer su paradero. Recientemente su padre indicó que, aunque por el lado de la Justicia «se están revisando otras líneas de investigación, no se ha logrado nada, todo sigue igual».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, reiteró la exigencia de la organización de «seguir combatiendo la impunidad en los casos de asesinatos contra periodistas». Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, exhortó también a los candidatos a la Presidencia de México, que competirán en la contienda electoral del próximo 2 de junio, «a subrayar en su agenda política el rol esencial del periodismo en una democracia, a impulsar las acciones necesarias para frenar la violencia contra la prensa y a garantizar la seguridad de los periodistas durante el ejercicio de su trabajo».
Jiménez Hernandez agradeció que «se recuerde a los periodistas que de alguna manera ya no están con nosotros cumpliendo con el ejercicio de su profesión. Nos sentimos muy orgullosos de que en este caso esté incluido nuestro hijo y hermano», quien el pasado 16 de febrero hubiese cumplido 44 años. Según la familia, hace varias semanas representantes de la Fiscalía General de la República les tomaron muestras de sangre con el propósito de contrastar su información genética en los bancos de datos del país.
El acuerdo, firmado en el marco del caso tramitado ante la CIDH, incluyó entre otras medidas, acciones de reparación relacionadas con la investigación y búsqueda efectiva consistentes en «elaborar e implementar un Plan de Búsqueda para dar con el paradero de Alfredo Jiménez Mota»; la inauguración de la calle «Alfredo Jiménez Mota» en Empalme, Sonora, donde reside la familia; y la compensación económica para las víctimas. También el Estado debe continuar la capacitación a servidores públicos que por sus funciones puedan tener directa interacción con casos relacionados con la prevención, investigación y sanción de delitos contra periodistas y/o libertad de expresión. Se estableció además el compromiso de mejorar los protocolos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con prácticas internacionales que tiendan a generar mayor colaboración y coordinación entre autoridades federales y estatales.
La campaña de la SIP «Voces que reclaman justicia» tiene el objetivo de perseverar en el reclamo de justicia y rescatar la memoria de periodistas asesinados en América Latina durante las últimas décadas, mediante la publicación una vez al mes de un comunicado sobre un caso emblemático documentado por la organización.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
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