En sus primeros tres años del actual mandato el presidente Luis Abinader ha tenido que navegar en aguas turbias y profundas frente a la insostenible crisis de Haití, nuestro segundo socio comercial y vecino.
El gobierno dominicano se ha visto compelido a desplazar centenares de tropas y equipos militares como aviones, helicópteros, drones y camiones blindados en la frontera que separa ambos territorios.
Ese desplazamiento militar es una clara advertencia de las autoridades para estar listos ante cualquier eventualidad que ponga en peligro nuestra patria e intereses nacionales.
El Consejo de Seguridad Nacional presidido por el mandatario dio un plazo de 48 horas a Haití para que resuelva el conflicto por la construcción del canal sobre el río Masacre, que levantan sectores políticos y empresarios haitianos en clara provocación hacia la República Dominicana.
No obstante, directivos del Instituto Duartiano aseguran que detrás de esa acción están las autoridades haitianas, a quienes acusó de actuar con una agenda oculta queriendo responsabilizar al empresariado del levantamiento del canal.
Con ello, a su vez, se viola el tratado y protocolo de paz y entendimiento suscrito en 1929 por República Dominicana y Haití relacionado al uso de las aguas del rio Masacre.
En ese contexto, el Instituto Duartiano asegura que fue el asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse quien ordenó la desviación del río, conforme a lo que explicaron en el 2021 el vicegobernador del departamento noroeste de Haití, Luis Joseph, y el cónsul haitiano en la época, François Pierre, como otros funcionarios del vecino país.
Por lo tanto, “no se puede aceptar la afirmación de que la autoridad haitiana no es la responsable de esta grave violación», expuso el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez.
Ese desvío de las aguas del Masacre es una violación a las normas y tratados internacionales, por lo que el gobierno dominicano ha advertido que, si no se resuelve el conflicto, procederá al cierre total de las fronteras terrestre, marítima y aérea.
Otra disposición, ha sido la suspensión de emisión de visas a los haitianos “hasta nuevo aviso”, dada la gravedad del conflicto.
El presidente Abinader ha llevado la voz de alerta en los organismos internacionales advirtiendo la peligrosidad del estado fallido haitiano donde bandas criminales controlan ese territorio sustituyendo la legitimidad institucional.
En la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido firme al plantear que es urgente la acción de la comunidad internacional para solucionar la crisis haitiana, que pone en peligro la estabilidad de la región.
El deterioro del caos y desorden institucional haitiano obliga al gobierno de la República Dominicana a implementar otras alternativas de seguridad, entre ellas, la construcción del proyecto de la presa Don Miguel, planteada como “solución definitiva a largo plazo”.
El diseño de esta obra, según consta en la resolución final del Consejo de Seguridad Nacional, comenzó en 2022 y se estima que la construcción duraría al menos 30 meses, con un costo aproximado de 2,700 millones de pesos.
Esta obra se convertiría en una medida firme y que evitaría secuenciales acciones de chantaje de los haitianos que vienen utilizando el canal de desvío de las aguas del Masacre como mecanismo de presión.
Por el momento, las autoridades haitianas no han reaccionado ante el ultimátum del gobierno dominicano cuya dimensión ha tenido repercusión en los mass media internacionales.
Si se produce un bloqueo total hacia el lado haitiano, es evidente, que las consecuencias serán catastróficas para los haitianos, quienes dependen de la producción alimenticia dominicana.
Defensa Nacional
Al margen de la efervescencia patriótica que levanta en el escenario dominicano el impasse con los haitianos, también el gobierno de Luis Abinader tiene el absoluto control de la agenda nacional, viéndose obligado los líderes opositores locales a tratar el tema de la edificación del canal en el río Masacre.
Deben todos los sectores nacionales mantenerse firme en la defensa del interés nacional y salvaguardia de la integridad de la República Dominicana.
Es cuestión de preservar los intereses y defensa nacional y por tanto el deber de cada dominicano de cuidar nuestro territorio, sin importar banderías políticas.
Los cuerpos de seguridad del Estado están concentrados en la zona fronteriza y el despliegue de personal que se realiza es una clara advertencia para los haitianos, produciéndose a la vez un éxodo masivo hacia su país.
La construcción de la presa Don Miguel se convierte ahora en una necesidad para la seguridad nacional sin importar su costo final. Por esa razón, es urgente la agilización de la obra hídrica.
El gobierno del presidente Luis Abinader hace lo correcto al disponer que este proyecto sea iniciado cuanto antes porque el interés y la seguridad nacional están por encima de todas las cosas.
No podemos seguir jugando al chantaje por parte de los haitianos que buscan llevarnos intranquilidad con el tema del canal.
Caos y anarquía
En Haití impera el caos y el desorden en medio de un escenario donde las bandas armadas imponen a la fuerza el control y designios de ese territorio.
Obviamente, no hay un líder con quien dialogar civilizadamente y por tanto la comunidad internacional tendrá que responder al llamado de una intervención para imponer la paz y recobrar la operabilidad de las instituciones.
¿Por qué no responde la ONU al llamado de establecer una fuerza de paz en territorio haitiano?
¿Cuáles intereses lo impiden pese a los constantes llamados específicamente por parte de la República Dominicana?
Nuevamente esa solicitud volverá a retumbar en el salón de sesiones de la ONU que en los próximos días celebrará su Asamblea General con la presencia de jefes de Estado y presidentes de las naciones que la integran.
El presidente Luis Abinader abordará la crisis haitiana y su impacto en el país en su discurso ante los miembros de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.
Por Manuel Díaz Aponte
About Author
