Por Luis Moreno Cárdenas
El presidente Luis Abinader ha decidido tomar el toro por los cuernos para enfrentar la creciente migración ilegal haitiana y preservar la soberanía nacional.
Las medidas anunciadas por el presidente obligará a funcionarios, militares, policías, empresarios y gentes comunes a ajustarse a las disposiciones gubernamentales o abstenerse a las consecuencias.
Abinader anunció el refuerzo militar en la frontera con 1,500 nuevos soldados y reorganización de las brigadas existentes para fortalecer la vigilancia, la aceleración de la construcción del muro fronterizo, con 13 km adicionales.
Un endurecimiento de la legislación migratoria, con reformas al Código Laboral y al marco legal migratorio para imponer sanciones severas a quienes faciliten el ingreso o estadía de inmigrantes irregulares, el fortalecimiento de los controles migratorios, con 750 nuevos agentes, instalación de oficinas de control migratorio en todas las provincias y el establecimiento de un protocolo hospitalario que exige documentación a extranjeros y contempla repatriación posterior a la atención médica.
De igual modo, creación de un Observatorio Ciudadano para fiscalizar la política migratoria, coordinado por el periodista Miguel Franjul, la propuesta de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios para perseguir delitos vinculados a la migración irregular.
La dominicanización del empleo, promoviendo un aumento salarial del 25 % en zonas francas y 30 % en turismo para incentivar la contratación de dominicanos, la mecanización de sectores clave como la agricultura y la construcción, para reducir la dependencia de mano de obra irregular y la expansión del fondo del Bandex para financiar la transformación tecnológica en estos sectores.
Apoyamos esa decisión del presidente Abinader e instamos a los responsables a cumplir para detener la cada vez mayor haitianización de las actividades en la República Dominicana, todos los dominicanos estamos obligados a preservar los valores culturales y nuestra identidad amenazada.
Ahora es el momento de poner en ejecución las leyes y ordenanzas en el campo y las ciudades, dejar de un lado los intereses particulares o el afán desmedido de obtener recursos en perjuicio de la soberanía nacional.
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