Si esta medida se combina con dejar elegir los 29 mejores años de cotización, entonces la pensión no variará en media
Las pensiones públicas caerán un 8,2% si el Gobierno aprueba una ampliación del periodo de la vida laboral que se utiliza para calcular estas prestaciones de 25 a 35 años, según ha alertado este miércoles en un informe el Banco de España, en pleno arranque de las negociaciones para la segunda parte de la reforma de las pensiones.
La advertencia se produce en plena polémica por las intenciones del Gobierno de «adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora en las carreras más largas, junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional», un compromiso que quedó así recogido en el Componente 30 del Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea.
El periodo de cómputo para la pensión se sitúa ahora en 25 de años, después de haber concluido el tiempo de transición en el que ha ido aumentándose progresivamente desde los 15 años. El Banco de España apunta que este incremento de 15 a 25 años ya ha supuesto una reducción en la cuantía de la pensión inicial del 5%.
Aunque el compromiso acordado con Bruselas es poco concreto y no se da una cifra concreta, durante la elaboración del Plan a principios de 2021 circuló un borrador oficial del Ministerio de Seguridad Social que sí contemplaba la ampliación explícita a 35 años. La propuesta le costó muchas críticas del ala de Podemos del Gobierno y de los sindicatos, lo que le llevó a cambiar el planteamiento.
«Los resultados muestran que, en el rango señalado, la pensión inicial media es una función monótonamente decreciente del número de años considerados para el cálculo de la base reguladora. En particular, la extensión del período de cálculo desde 15 hasta 25 años estaría asociada con una caída de la pensión inicial media del 5%, mientras que una ampliación desde 25 hasta 35 años produciría una reducción adicional del 8,2%«, apunta hoy el supervisor. De aprobarse, un 80% de las pensiones iniciales serían más bajas, un 10% mantendrían el mismo importe y el 10% restante recibirían una cantidad más alta.
El incremento, no obstante, sí serviría para reducir la desigualdad entre las pensiones más altas y más bajas: «la desigualdad en la prestación inicial, medida por la ratio del percentil 90 y del percentil 10 de la distribución, sería menor bajo un período de cómputo de 35 años que bajo uno de 25 años».
La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos explica que si esa ampliación fuera ligada a la posibilidad de elegir los mejores años dentro de ese periodo de 35, como pretende el Ejecutivo, la pensión podría quedar sin cambios en función de cuántos años puedan elegirse y de lo alta o baja que sea la pensión.
RECORTE PARA LA MITAD DE JUBILADOS CON LOS 29 MEJORES AÑOS
En concreto, si se amplía el periodo de cómputo a 35 años y se deja elegir entre 25 y 28 años, por ser los más favorables, la pensión inicial media sería mayor; pero si el Gobierno deja elegir entre los 30 y los 34 años más favorables, entonces la pensión inicial media sería menor.
«Una metodología que contemplase los 29 años más favorables dentro los 35 últimos sería, en términos de pensión inicial media, aproximadamente equivalente a utilizar los 25 años anteriores a la jubilación«, apuntan, es decir, 29 años sería el máximo que el Ejecutivo debería dejar elegir a los trabajadores para que no experimentaran una caída de su pensión.
De hecho, la pensión en media aumentaría un 0,8% con los 29 años mejores, pero la entidad alerta de que este efecto no sería igual para todos: «más de la mitad de los pensionistas verían su pensión reducida (en relación con tomar en consideración los 25 años de cotización previos a la jubilación)».
Apuntan también que la posibilidad de descartar los años más desfavorables en el cálculo de la pensión -algo que planea el Ejecutivo- beneficiaría, relativamente, a los trabajadores afectados por lagunas de cotización o períodos de desempleo, así como a las pensiones por debajo de la mediana, de modo que la desigualdad en la cuantía de las nuevas prestaciones sería ligeramente menor que la resultante de un esquema que utilizase los 25 años previos a la jubilación.
CUMPLIR EL COMPROMISO CON BRUSELAS
La caída de la pensión que se derivaría de aumentar el periodo de cómputo de la pensión lleva a los sindicatos a oponerse frontalmente a esta medida, a pesar que «adecuar» las carreras profesionales es un compromiso que el Gobierno tiene que cumplir si quiere seguir recibiendo los fondos europeos Next Generation que están condicionados al cumplimiento de las reformas pactadas.
El pasado lunes arrancaron las negociaciones en la mesa de diálogo social para consensuar en qué se concretará esta propuesta. Los sindicatos mostraron su rechazo a amplíar el periodo de cálculo, lo que ha obligado al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a descartar ya públicamente que su intención pase por incrementar el tiempo utilizado a 35 años.
«En ningún caso» se va a plantear elevar el periodo de computo para el cálculo de la pensión a 35 años, frente a los 25 años vigentes, apuntó en una entrevista en RNE este lunes. Sí contempla «pequeños ajustes» para poder excluir años o mejorar el tratamiento de las lagunas de cotización.
Tanto el Ministerio como los sindicatos centran ahora sus esfuerzos en aprobar una ampliación de la base máxima de cotización a la Seguridad Social, lo que a corto plazo significará que los trabajadores que tienen salarios más altos pagarán más a la Seguridad Social en concepto de cotizaciones sociales y, a cambio, en el futuro recibirán una pensión más alta. Como ese incremento del gasto no se producirá hasta que se jubilen, la medida a corto plazo es positiva para la Seguridad Social porque le proporciona más ingresos en un momento en que su gasto se va a ver muy tensionado por la jubilación de la generación del babyboom.
El supervisor pide «cautela» con los resultados
La institución explica en su informe que los datos obtenidos deben interpretarse con cautela por distintas razones.
En primer lugar, «el análisis ignora que los cambios en la fórmula de cálculo de la base reguladora, que inciden en la cuantía de la prestación, podrían influir en la decisión de cuándo acceder a la jubilación«, es decir, no se tiene en cuenta que si varía el periodo de cálculo los trabajadores podrían optar por trabajar más o menos años.
Además, los efectos calculados se restringen a las altas de jubilación de 2019, con los que «los resultados no son extrapolables directamente al futuro, ya que las características salariales y laborales de los nuevos pensionistas varían a lo largo del tiempo».
Por último, precisan que la casuística del cálculo de las pensiones es muy diversa, de modo que la pensión inicial estimada a partir de los episodios de cotización incluidos en la Muestra Continua de Vidas Laborales de la Seguridad Social contiene un margen de error con respecto a la pensión observada.
Fuente ELMUNDO.ES
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