La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, la Fundación Juan Bosch y la Coalición por una Seguridad Social Digna,
presentaron a la opinión pública nacional los hallazgos del estudio Radiografía de las AFP
y ARS: análisis económico para el debate de políticas públicas, el cual fue elaborado por
los investigadores Matías Bosch Carcuro y Francisco Tavárez Vásquez.
Según Matías Bosch y Francisco Tavárez, la reforma de la Ley 13-20 solo sirvió para
blindar los ingresos de dichas empresas, sobre todo las ganancias de las AFP, las que están
desprovistas de los riesgos del mercado y solo tienden a crecer, superando los 5,000
millones de pesos en 2023, lo que, de continuar la tendencia del primer semestre de 2024,
al final de año estarán cerca de los 5,500 millones y más en el presente año.
Otros hallazgos del estudio se refieren a que más del 80 % del negocio está en manos de
cuatro AFP, y más del 70 % en tres AFP privadas: Popular, Crecer y Siembra. Las AFP,
gracias al esfuerzo de la clase trabajadora y empleadores, tienen invertido el equivalente a
más de 3 veces el déficit fiscal del país, superando el 10 % del PIB.
Según el estudio en cuestión, las ARS privadas incrementan sus ingresos y ganancias,
logrando en 2023 más de RD$53 mil millones en ingresos y casi RD$4,000 millones de
pesos en ganancias, concentrando casi el 90 % de este negocio, siendo las principales
PRIME, MAPFRE y UNIVERSAL, mientras que las dos primeras responden a inversores
extranjeros.
Asimismo, en el estudio se resalta que las ARS privadas han absorbido casi RD$75 mil
millones de pesos en ganancias y gastos de administración, En este sentido, si se sumase lo
absorbido por AFP y ARS, el monto supera los RD$175 mil millones de pesos que esta
intermediación financiera cuesta a la sociedad dominicana, sin ningún bien, ni servicio, ni
valor que sirva a la población.
Además, en los datos del estudio se aprecia la instauración de un régimen donde el acceso
universal a la atención en salud es convertido en mercancía que se subordina a la capacidad
de pago, a la rentabilidad esperada de las entidades intermediarias y al lucro financiero. Las
personas y sus derechos son el riesgo, mientras las ARS, al igual que las AFP, no cumplen
ningún criterio de optimización de recursos, satisfacción de expectativas, ni eficiencia
social que pudiera esperarse de cualquier empresa pequeña o grande, lo cual constituye un
fabuloso mecanismo de transferir recursos públicos a privados.
Matías Bosch y Francisco Tavárez resaltan que: “no es seguridad social aquello que se
cimente en el negocio y la exclusión, pues la seguridad social verdadera se estructura en el
principio de la solidaridad que permite la protección social ante sucesos previsibles e
imprevisibles (enfermedad, vejez, accidente laboral, entre otros) a los miembros de la
sociedad. Esto no ocurre así en el país, donde millones de dominicanos tienen la funesta
experiencia de una seguridad social vigente, caracterizada por abusos, recortes y el
encuadramiento, en un catálogo de prestaciones y fórmulas que son funcionales a la
rentabilidad, como indicador que determina la provisión o negación de servicios”.
El estudio Radiografía de las AFP y ARS reconfirma que el negocio de las AFP consiste
fundamentalmente en: prestarle dinero al Gobierno Central y respaldar con certificados el
déficit del Banco Central, en una suma que ronda los 700 mil millones de pesos; prestarles
a los propios bancos asociados de los grupos propietarios y otros; poner dinero en fondos
de inversión, fideicomisos y empresas privadas.
La conferencia de prensa, en la que se prestaron los hallazgos del estudio Radiografía de las
AFP y ARS: análisis económico para el debate de políticas públicas, fue convocada por
diferentes instituciones, tales como: Coalición Seguridad Social Digna, Ciudad Alternativa,
Escuela Multitemática, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES),
Fundación Frederich Ebert (FES), Facultad de Ciencias Económica y Sociales de la
(UASD), Fundación Juan Bosch, Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos
(MOPESEP), Asociación de personas con discapacidad físico motora (ASODIFIMO), entre
otras.
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