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Miami (10 de enero d 2025) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena enérgicamente la desaparición forzada y posterior detención arbitraria de los periodistas venezolanos Carlos Marcano, Nakary Mena Ramos y su esposo, el camarógrafo Gianni González, quienes fueron privados de libertad por ejercer su labor informativa en un contexto de creciente represión contra la prensa independiente en Venezuela. 

Carlos Marcano, periodista, profesor universitario y colaborador de organizaciones civiles, fue detenido el 23 de mayo de 2025 tras un allanamiento sin orden judicial en su residencia en Caracas, según informes de prensa.   

Su paradero fue desconocido durante 13 días. Aunque se conoció posteriormente que fue trasladado al penal de Tocuyito, sus familiares denunciaron el 7 de junio que continúa desaparecido. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) y otras organizaciones nacionales e internacionales han denunciado su detención como una grave violación de derechos humanos. 

Marcano, de 30 años, fue acusado públicamente por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz Diosdado Cabello durante su programa televisivo “Con el mazo dando”, donde lo vinculó con un supuesto plan para generar violencia durante las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo. En dicho programa, Cabello mostró una fotografía del comunicador y lo señaló sin que mediara una acusación formal ni un proceso judicial previo. 

La periodista Nakary Mena Ramos fue detenida el 8 de abril de 2025 junto con su esposo, el camarógrafo Gianni González, tras publicar un reportaje sobre criminalidad en Caracas, según informó la organización de derechos humanos Espacio Público

Permanecieron desaparecidos más de 48 horas. Luego fueron imputados por “instigación al odio” y “publicación de información falsa’”. Mena fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y su esposo a El Rodeo II.  

El reportaje de Mena contenía testimonios de ciudadanos que relataban un aumento de la inseguridad en zonas populares de Caracas, que contrasta con la narrativa oficial. Tras la difusión del reportaje, el portal Impacto Venezuela lo eliminó de sus plataformas, lo que despertó aún más preocupación sobre posibles presiones directas o indirectas por parte del Estado. 

Diversas organizaciones, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), han destacado que los delitos imputados a Mena y su esposo carecen de sustento legal y buscan criminalizar el trabajo informativo. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que las figuras penales empleadas en este caso no cumplen con estándares internacionales y son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión. 

“La criminalización del periodismo crítico y el uso de figuras penales ambiguas como la instigación al odio son parte de un patrón sistemático de persecución contra quienes informan con independencia”, afirmó el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica. “Exigimos la liberación inmediata de Carlos Marcano, Nakary Mena Ramos y Gianni González, y que se respeten sus derechos fundamentales”. 

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó: “Estos casos reflejan cómo se utiliza la justicia como instrumento de censura. Venezuela debe cesar estas prácticas represivas y cumplir con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y debido proceso”.

El Colegio de Periodistas de Venezuela registra 16 periodistas y reporteros detenidos desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El Índice de Chapultepec 2024 de la SIP reportó en Venezuela “un desempeño amplio en arbitrariedades estatales en contra de la expresión ciudadana, y un funcionamiento de la prensa limitado por cierres, medidas administrativas y periodistas detenidos por razones políticas”. El país se ubicó en el puesto 21 de 22 países analizados en el estudio sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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