El 13 de noviembre, en Ginebra, Suiza, se celebrará la revisión y adopción de las recomendaciones emitidas al Estado de Nicaragua en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
periodo bajo evaluación (2019- 2023), informes de la sociedad civil y organismos internacionales como la CIDH y el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU demuestran una realidad distinta; las investigaciones, datos concretos y testimonios evidencian un cierre casi total del espacio cívico y la persecución sistemática de voces críticas.
De acuerdo con las informaciones recopiladas por organizaciones de la sociedad civil, entre 2019 y 2023, las agresiones más comunes contra periodistas y personas trabajadoras de medios de comunicación fueron las detenciones arbitrarias, el espionaje, el acoso judicial, los secuestros, los ataques con violencia en razón de género, la tortura y la vigilancia a familiares. Además, el exilio forzado, el destierro y el despojo de la nacionalidad se han convertido en prácticas comunes represivas que incrementan su vulnerabilidad al ser privadas de sus derechos civiles, sociales, económicos, políticos y culturales; situación que da muestra de la violación continua de los derechos humanos.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), entre 2018 y 2023, alrededor de 440.260 personas sufrieron desplazamiento forzado (6.5% de la población); al menos 317 personas fueron víctimas de despojo de su nacionalidad y condenados por el delito de traición a la patria. Y hasta septiembre del 2024, la FLED contabilizó al menos 278 de periodistas exiliados.
Las estrategias represivas contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa se han diversificado de tal forma que, hasta agosto de 2024, se contabilizan cerca de 5,664 cierres forzosos de ONG nacionales e internacionales, organizaciones religiosas, asociaciones culturales, medios de comunicación, entre otros. Este dato revela la prohibición de manifestar o expresar el disenso de cualquier forma.
El Estado nicaragüense ha utilizado diferentes mecanismos estatales para la represión, entre ellos, el fortalecimiento de su marco normativo restrictivo y punitivo, acompañado de procesos judiciales aplicados de manera discrecional y sin criterios definidos. En este contexto, el desarrollo pleno de una sociedad democrática se ve mermado, pues el ejercicio de la libertad de expresión y prensa son condiciones indispensables para ello.
Las organizaciones firmantes exhortamos al Estado de Nicaragua a cesar inmediatamente la persecución, criminalización y acoso contra las voces disidentes, dado que tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, específicamente al derecho a la libertad de expresión, prensa y manifestación.
E instamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a continuar respaldando a las voces disidentes y a adoptar medidas para protegerlas. Para ello, es fundamental la adopción de recomendaciones que permitan prevenir, proteger y perseguir las violaciones de la libertad de expresión.
Firman:
AMARC-ALC
Artículo 19 oficina México y Centroamérica
Artist at Risk
Comité para la protección de periodistas (CPJ)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED)
IFEX-ALC
PCIN
PEN Internacional
Pen Nicaragua
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
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