Por: L. Ramfis Domínguez-Trujillo
La lucha por la independencia y consolidación territorial de la República Dominicana data de 1777 con el Tratado de Aranjuez, determinando por primera vez sus delimitaciones fronterizas luego de la cesión a Francia del lado occidental de la isla con el Tratado de Rijswijk de 1697.
En 1801, recientemente firmado el Tratado de Basilea, Toussaint Louverture nos invadió, iniciando la ocupación haitiana, que se materializó de manera definitiva luego del tiempo de España boba y la independencia efímera de 1821.
El 27 de febrero de 1844, Ramón Matías Mella descargó el trabucazo que desató la guerra por la emancipación, que duraría tan solo diez y siete años, pero alcanzada a sangre y fuego en numerosas batallas. La anexión a España alentó el Grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863, que conquistó nuestra restauración con el eventual y permanente retiro de las tropas españolas.
La contienda por la República Dominicana y sus riquezas ha sido incesante, provocando conflagraciones bélicas, negociaciones diplomáticas y comerciales, una migración desmedida desde Haití y al menos dos intervenciones de los EEUU, compeliendo además la lucha tenaz de los dominicanos para preservar sus recursos, su expansión territorial y hasta la soberanía.
Tristemente, nuestra historia contemporánea se ha visto marcada por el entreguismo desenfrenado de los gobiernos que, descarriados del espíritu leal y perseverante de nuestros patricios y los dominicanos que dieron sus vidas por la Patria, han asumido una defensa implícita al intervencionismo, desmantelando el territorio nacional y regalando por cheles nuestro caudal.
Con la llegada del III milenio, la República Dominicana ha vivido un azote despiadado ante la irreverente irresponsabilidad, y el mal manejo del estado de quienes, en efecto, descaminaron los destinos de la nación.
Se impuso la intemperancia financiera, iniciando un vulgar acrecentamiento de la deuda pública, que se llegó a duplicar en el primer cuatrienio del PRD, llegando a alcanzar el 70% del PBI durante las gestiones del PLD, y pese a un notable crecimiento económico durante este último periodo. Con esto se estableció la conducción inorgánica de las finanzas del Estado, se ensanchó significativamente la corrupción, y se debilitó la soberanía, viabilizando las imposiciones de los acreedores y las potencias internacionales.
De igual manera, iniciamos un triste despilfarro de nuestros recursos naturales, con escandalosos convenios como el que adjudicó a la Barrick Gold de Canadá, la mina de oro más productiva de América Latina. Además, se intentó conferir a otra multinacional, Falcondo, el pulmón del Cibao, Loma Miranda, para fines de explotación.
Asimismo, percibimos las quejas permanentes de dominicanos que repudian la privatización de nuestras playas, concedidas a empresas hoteleras extranjeras, que se benefician con sus instalaciones «todo incluido», que incluso lesionan el comercio local.
No obstante, muchos entendieron que el gobierno del «cambio» traería consigo un nuevo modelo de gobernanza, incluso el compromiso de corregir los desmanes de pasadas administraciones, y el coraje para recuperar lo perdido y afianzar la soberanía.
Sin embargo, la «Declaración Conjunta» rubricada el 27 de mayo de 2021, en la reunión binacional sobre la situación de las aguas transfronterizas del Río Masacre, que le otorga permiso ilimitado a la contraparte haitiana para el desvío de esta fuente acuífera, manifiesta la displicencia de las autoridades dominicanas en defender este recurso de vital importancia para los agricultores fronterizos.
Este patrón de complacencia territorial se ha registrado asimismo en su política migratoria, con una engrosada ola de transeúntes ilegales que hoy mantienen copados nuestros hospitales y escuelas, afectando nocivamente la estabilidad económica y además nuestra seguridad ciudadana.
Por otra parte, el exagerado tren de endeudamiento de los primeros veinte años de este siglo, que desequilibró nuestras finanzas, le queda chiquito ante el monto histórico de empréstitos contraídos por esta administración, justificando así las intensificadas injerencias y el debilitamiento de nuestra soberanía.
De esta misma forma, el gobierno pactó la entrega de nuestros espacios aéreos, sin limitaciones y sin la participación de principales protagonistas del sector, en un convenio desproporcionado, que para nada atiende las amplias diferencias en el tamaño del mercado y de las empresas que manejan las líneas aéreas dominicanas versus los EEUU.
A esto le podemos agregar el recién denunciado acuerdo con el Reino de los Países Bajos sobre la delimitación marítima que evidencia, una vez más, el descomedimiento gubernamental, al obsequiarle nuestro espacio marítimo, sin la más mínima consideración para los dominicanos y en franca violación al artículo 9 de la Constitución. Incluso, se dispone el desprendimiento total a los beneficios de cualquier yacimiento petrolero o de gas natural en la zona concedida.
Desde su descubrimiento en 1492, la República Dominicana ha sido blanco de las apetencias desmedidas extranjeras, pero hoy a esa lista de antagonistas, debemos sumarle a quienes, desde adentro, la descuartizan, liquidando sus recursos de aire, mar y tierra sin la más mínima contemplación. ¿A cambio de qué? Todo eso está por verse, pero mientras tanto, ojalá no negocien el Pico Duarte.
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