Luis Moreno Cárdenas
Recientemente, Amnistía Internacional y las Naciones Unidas se pronunciaron contra las legítimas medidas y protocolos puestas marcha por el presidente Luis Abinader y el gobierno Dominicano para frenar la cada vez mayor afluencia a la República Dominicana de ilegales haitianos.
Pedían derogar los protocolos en ejecución en los hospitales donde se establece prestar asistencia médica a las ilegales haitianas y haitianos, y tan pronto de recibir las atenciones inspectores de migración disponer su envío a su país.
Mientras el Consejo de Transición del Estado haitiano pidió respeto para sus nacionales y detener las deportaciones desde la República Dominicana como si en este país se violan los derechos de esos ciudadanos.
Dos cosas deben tener en cuenta los organismos internacionales y quienes fungen como autoridades haitianas, primero que la comunidad internacional debe presentarse en Haití, aportar recursos para solucionar la crisis que afecta esa nación y pronunciarse contra las violaciones a todos los derechos de los haitianos en su país y las autoridades del vecino país prestar atención y solución a sus problemas internos.
República Dominicana ha cargado con un problema haitiano que la comunidad internacional se ha desentendido, perjudicando la economía y los servicios necesarios a los conciudadanos.
Esos reclamos de Amnistía Internacional, Naciones Unidas y el Consejo de Transición del Estado haitiano contra el gobierno Dominicano son insolentes, inaceptable e irrespetuosos.
El Gobierno dominicano ha reiterado su disposición de colaborar con Haití en el marco del respeto mutuo, sin embargo; las autoridades haitianas han manifestado su irrespeto a las dominicanas.
El gobierno dominicano está en el deber y obligación de aplicar sus leyes y protocolos para hacer cumplir la protección de su territorio y evitar la migración haitiana ilegal, es un derecho que le asiste a las autoridades nacionales.
El presidente debe mantenerse firme contra las presiones internacionales nuestro territorio debe ser protegido como al efecto dispone la constitución.
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