La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresa su más seria preocupación ante las graves denuncias
contenidas en la comunicación remitida por la magistrada Pilar Jiménez Ortiz al Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM), en respuesta al acta No. 010-2025-CNM, relativa a su
no ratificación como jueza de la Suprema Corte de Justicia.
La magistrada Jiménez Ortiz, con 23 años de carrera judicial y un historial de evaluaciones
públicas sobresalientes, describe en su carta inconsistencias graves, criterios de
valoración ajenos al marco normativo, ausencia de motivación suficiente y la utilización de
“percepciones” o inferencias subjetivas como fundamento para una decisión de altísimo
impacto institucional. Estas observaciones se suman a cuestionamientos previos formulados
por ROI sobre el proceso, incluyendo la falta de transparencia en las deliberaciones, la
ausencia de identificación de los consejeros responsables de los señalamientos y la
inexistencia de evidencia objetiva que respalde varios de los argumentos utilizados para
justificar la no ratificación.
Resultan especialmente preocupantes las denuncias de la magistrada respecto de un
presunto patrón histórico dentro del Consejo Nacional de la Magistratura que habría
afectado de manera particular a mujeres de reconocida trayectoria judicial. Las afirmaciones
sobre campañas de descrédito, utilización de criterios discrecionales y ausencia de
garantías para la protección de la independencia judicial no solo comprometen la legitimidad
del proceso, sino que pueden constituir prácticas discriminatorias contrarias a los
estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad y no discriminación.
Frente a la gravedad de estos señalamientos, ROI considera indispensable que organismos
especializados en derechos humanos y género se pronuncien y actúen con prontitud. En
particular, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará
(MESECVI) y el Ministerio de la Mujer (MMUJER) deben examinar, desde una perspectiva
técnica, la posible existencia de discriminación estructural en los procesos de evaluación y
permanencia en las altas cortes, así como los riesgos que estas prácticas generan para la
autonomía de las mujeres en la administración de justicia y para la independencia judicial
como componente del Estado de Derecho.
ROI recuerda que la evaluación de jueces y juezas es un mecanismo extraordinario
destinado a garantizar la eficiencia judicial, no un instrumento de presión política. Utilizar
este proceso para fundamentar decisiones discrecionales o para desvalorizar el trabajo de
jueces y juezas puede constituir una amenaza directa al sistema democrático.
La organización reitera su disposición a colaborar con todos los actores institucionales para
asegurar un sistema de justicia transparente, basado en criterios objetivos, con apego a la
legalidad y respetuoso de la independencia judicial. Asimismo, ROI hace un llamado a la
comunidad jurídica, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía a
mantenerse vigilantes. La independencia judicial y la igualdad de género en la justicia no
son negociables; son pilares esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.
ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación
Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de
Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
