MIAMI. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la amenaza contra la periodista Estefanía Colmenares, en Colombia. La organización pidió a las autoridades a que garanticen la seguridad de los comunicadores durante el proceso electoral regional que vive el país.
El 6 de septiembre Estefanía Colmenares, directora de La Opinión, en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, recibió un mensaje amenazante por WhatsApp que la declaró «objetivo militar» y le advirtió que «su cabeza tiene un precio». A través de la red social X, Colmenares afirmó que desconoce el motivo de la amenaza y reiteró su «compromiso con el periodismo, con la verdad y con las investigaciones que puedan combatir la corrupción».
Michael Greenspon, presidente de la SIP, expresó su solidaridad con la periodista y los colegas del diario. «Rechazamos la violencia y actos intimidatorios contra la prensa, e instamos a los organismos correspondientes a garantizar la seguridad del personal de prensa durante el desempeño de su trabajo, especialmente en un ambiente de agitación electoral», agregó Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.
La Fiscalía inició una investigación para conocer el origen de la amenaza que ocurrió luego del seguimiento en el medio, en las últimas semanas, de presuntas irregularidades alrededor de la hospitalización del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años de prisión por homicidio, quien estaría dirigiendo varias campañas políticas desde el hospital.
Colmenares dirige el diario desde hace cinco años y es la primera vez que recibe una amenaza, según La Opinión.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e información de la SIP y director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, Carlos Jornet, añadió que «si bien durante la cobertura de períodos electorales aumentan los riesgos de ataques que deben ser considerados de forma anticipada por los propios periodistas y los medios para minimizarlos, las autoridades están obligadas a atender de forma inmediata y efectiva las denuncias».
Greenspon y Jornet instaron a las autoridades a indagar con celeridad para conocer el móvil de la amenaza, dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.
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