El tribunal concluirá la fase previa del proceso tras más de cinco años desde los primeros interrogatorios realizados por el Ministerio Público en febrero de 2021
Santo Domingo, 28 de mayo de 2026. La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, emitirá este viernes el fallo correspondiente a la fase preliminar del proceso judicial seguido contra los exministros Donald Guerrero Ortiz, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, luego de más de cinco años de investigaciones, interrogatorios y actuaciones del Ministerio Público iniciadas en febrero de 2021.
La decisión se producirá después de más de cinco años de proceso judicial desde los primeros interrogatorios realizados por el Ministerio Público en febrero de 2021, período durante el cual las defensas han insistido en que el expediente ha excedido ampliamente los plazos razonables previstos en el ordenamiento jurídico dominicano, al tiempo que cuestionaron la legalidad de múltiples actuaciones del órgano acusador, incluyendo la utilización de informes elaborados por la denominada Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.
En el caso de Donald Guerrero, uno de los ejes de la defensa se centró en desmontar la acusación relacionada con un supuesto fraude de más de RD$ 21 mil millones vinculado a pagos realizados por el Ministerio de Hacienda. Durante las audiencias, los abogados sostuvieron que los recursos nunca fueron distraídos ni terminaron en manos del exfuncionario, sino que permanecen bajo control del propio Estado dominicano, depositados en el Banco de Reservas y registrados en la Contabilidad gubernamental por la actual Administración.
Por su parte, la defensa del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, cuestionó durante la fase preliminar la legalidad de diversos interrogatorios realizados por el Ministerio Público, al considerar que varias actuaciones vulneraron garantías fundamentales del debido proceso.
En el caso de Gonzalo Castillo, sus abogados denunciaron presuntas irregularidades vinculadas al depósito de la acusación y a la obtención de determinadas pruebas periciales, alegando que algunas actuaciones procesales fueron realizadas fuera de los plazos establecidos por la ley.
Durante la fase preliminar también se produjeron desistimientos de acciones por parte de distintos querellantes, incluyendo representantes de familias vinculadas a terrenos expropiados por el Estado, quienes señalaron ante el tribunal que los pagos realizados fueron efectuados conforme a sentencias judiciales y obligaciones legales pendientes desde hacía décadas. La defensa argumentó que esas decisiones reflejan debilidades estructurales en la teoría presentada por el Ministerio Público.
En sus conclusiones finales, las defensas de Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta coincidieron en que el Ministerio Público no logró sostener con pruebas suficientes las acusaciones formuladas contra los exfuncionarios, insistiendo en que el proceso ha estado marcado por vulneraciones al debido proceso, cuestionamientos sobre la legalidad de varias actuaciones y una narrativa acusatoria que —según afirmaron— no pudo sostenerse frente a la evidencia incorporada al expediente.
