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Manuel Díaz Aponte

Es una ruta que no tiene vuelta atrás porque se trata de la preservación de la dominicanidad, y que hoy más que nunca, demanda del apoyo de todos sus hijos que aman su terruño. La opción es simple, si verdaderamente queremos un país o si, por el contrario, nos sumergimos en el caos y la incertidumbre.      

La sociedad dominicana ha esperado por décadas que sus autoridades asuman con valentía y honor patriótico el desenfreno y desorden de la masiva migración irregular haitiana, que estrangula el presupuesto nacional, poniendo en riesgo la estabilidad interna e impactando nuestra calidad de vida.

Las 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader están focalizadas a frenar una problemática postergada irresponsablemente por sucesivos gobiernos y que ya es insostenible para la República Dominicana, cuya población ha levantado el clamor unificado y la conformación de movimientos de protestas demandando actuar con dureza ante el desborde de la presencia de haitianos.

Ahora o nunca debería ser la postura colectiva de todos los ciudadanos, el liderazgo político, empresarial y social del país aunando esfuerzos para que la disposición delineada por las autoridades alcance los resultados esperados.

Por consiguiente, todos los dominicanos debemos apoyar decididamente esas medidas expuestas por el mandatario en su histórica alocución del pasado domingo 6 de abril del 2025.

Ante la profundización de las problemáticas haitianas y por la indiferencia de la comunidad internacional, al Estado dominicano no le queda otra alternativa que endurecer firmemente su política migratoria, eje fundamental para el sostén de la soberanía y seguridad nacional.

Probablemente, después de lo que ocurrido en Friusa, en Bávaro, Punta Cana, cuando centenares de dominicanos alzaron su voz contra la masiva migración haitiana, muchos comprendieron a partir de ahí, que estamos ante una grave crisis que de seguir profundizando nos arrastraría al abismo.

La lectura fue muy clara, la sociedad civil atendiendo al llamado de la Antigua Orden Dominicana, respondió entusiastamente en el mismo corazón del “pequeño Haití en Bávaro”, el pasado domingo 30 de marzo, para advertir que, si desde el gobierno no se toman medidas concretas contra el flagelo de esa inmigración descontrolada, el pueblo actuará firmemente en las calles.

“El pueblo dominicano no aguanta más, el pueblo sabrá defenderse como en 1844 y volveremos a alcanzar una nueva restauración», dijo Ángelo Vásquez, líder de la entidad.

Sentimiento nacionalista

Ese sentimiento se reflejará inexorablemente en las urnas durante los comicios presidenciales del 2028, en el que la organización política que no se identifique con una postura nacionalista ante la crisis haitiana y sus repercusiones en el país, saldrá derrotada vergonzosamente.

Abinader, obviamente, apelando a su agudeza política, ha interpretado perfectamente ese levantamiento pacifico en la Región Este, y ha procedido con la aplicación de una serie de medidas, las cuales definió en su discurso, de “firmes —y para algunas personas dolorosas—” con el objetivo de frenar ese flagelo, “proteger” el país y “garantizar” el respeto de las leyes migratorias.

Reconoció que muchos están preocupados por la amenaza que representa Haití para el país; por la migración irregular que provoca; y por la carga que esto representa para los hospitales, las escuelas, los riesgos para la seguridad y el peso sobre la economía.

Dispuso de inmediato, reforzamiento de la vigilancia fronteriza con 1,500 soldados adicionales, y aceleró la construcción del muro fronterizo, para levantar otros 13 kilómetros en la franja limítrofe.

Al abordar la dimensión de la crisis política económica e institucional de Haití, el mandatario sentenció: “Una crisis política, por la ausencia de institucionalidad democrática; y la peor de las crisis, la crisis de abandono, causada por la actitud irresponsable de la comunidad internacional que ha dejado a Haití librada a su propia suerte. Ninguna de esas crisis la causamos nosotros, pero todas tienen consecuencias que sí nos afectan”.    

Endurecimiento de sanciones

Sin dudas uno de los aspectos cruciales de las nuevas disposiciones de control migratorio que aplicarían de inmediato las autoridades es el endurecimiento de sanciones para los traficantes de ilegales haitianos.

A ese respecto, el presidente Luis Abinader manifestó que: “Se depositará la próxima semana en el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio existente, que debe ser conocido con carácter de urgencia, para el endurecimiento de las sanciones en los siguientes casos: funcionarios gubernamentales, civiles y militares, que faciliten o participen en el ingreso de inmigrantes indocumentados; y a organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas en condición de ilegalidad; además, se propondrá establecer sanciones duras para casos no previstos en la legislación actual, tal como: propietarios de viviendas o locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con estatus migratorio irregular”.

Esas medidas migratorias sin precedentes en la historia democrática nacional, y que eran demandadas insistentemente por la sociedad dominicana, deberán tener efectos positivos en los esfuerzos desplegados para encarar uno de los cuadros sociales, políticos y económicos más complejo y difícil del país.

Parturientas haitianas

La gente se pregunta, ¿Por qué tantos partos de haitianas en los hospitales públicos, lo que por supuesto, representa una carga económica insostenible para el gobierno?

Mujeres que vienen exclusivamente de Haití para alumbrar en los centros del Servicio Nacional de Salud (SNS) sin pagar un solo centavo para ser atendidas. Y a partir de ahí, se quedan viviendo en el territorio nacional sin la debida documentación.   

Datos gubernamentales  revelan que en los dos primeros meses del presente año se han registrado 6,954 partos de los cuales 2,574 (el 37%) corresponden a mujeres haitianas. La mayoría de estas parturientas tienen edades comprendidas entre los 15 y los 44 años.

Otros servicios brindados gratuitamente a las haitianas en el país incluyen:

 53,000 consultas
• 40,021 emergencias
• 3,000 cirugías
• 4,579 hospitalizaciones
• 30,531 pruebas e imágenes diagnósticas
• Más de 200,000 análisis de laboratorio

La disposición anunciada por el presidente Abinader precisa que se decidió “controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular, se establecerá un protocolo, que deberá estar listo para su aplicación el lunes 21 de abril, que obligue al personal de los hospitales del SNS a exigir los siguientes requisitos: una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria; además, se acordará una tarifa para todos los servicios brindados”.

La solidaridad de República Dominicana hacia los haitianos ilegales no tiene paragón en la región, pero tiene que ser limitada y controlada por las autoridades porque de lo contrario, estaríamos condenando a millares de dominicanos a vivir en la oscuridad de la pobreza.   

Y eso, peligrosamente, colocaría al país en un estado de ingobernabilidad.     

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